29 Dic 23 Creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

Por Agustín Cerolini, Matías Ferrari, Natalia Artmann y Dana König

El 27 de diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo Nacional (el, «PEN«) envió al Congreso de la Nación Argentina el proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» (el “Proyecto«). Entre los temas expuestos, propone en el Capítulo II del Título IX crear un nuevo régimen para incentivar las inversiones en algunos sectores denominado “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (“RIGI”), mediante el cual se otorga a los titulares y/u operadores de grandes inversiones en proyectos nuevos o ampliaciones de existentes que adhieran a dicho régimen, los incentivos, la certidumbre, la seguridad jurídica y la protección eficientes de los derechos adquiridos a su amparo.

En tal sentido, el Proyecto indica que el RIGI será de aplicación en todo el territorio de la República Argentina y regirá con los alcances y limitaciones establecidas en el Proyecto y en las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el PEN.

A su vez, en el Proyecto se explica que serán consideradas “Grandes Inversiones” aquellos proyectos que involucren la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos que serán afectados a actividades de los sectores incluidos en el RIGI, es decir, (i) agroindustria; (ii) infraestructura; (iii) forestal; (iv) minería; (v) gas y petróleo; (vi) energía; y (vii) tecnología (los “Sectores Incluidos”).

Por otro lado, de acuerdo a lo indicado en el Proyecto, podrán solicitar su adhesión al RIGI los vehículos de proyecto único (los “VPU”) titulares de un proyecto que califique como Gran Inversión en los Sectores Incluidos, y deberán tener por único y exclusivo objeto llevar a cabo un único proyecto de inversión admitido en el RIGI. En consecuencia, los VPU no deberán desarrollar actividades ni poseer activos no afectados a dicho proyecto, con excepción de las inversiones transitorias de su capital de trabajo que hagan a la administración prudente de los fondos de la sociedad.

Dicho esto, serán considerados VPU los siguientes entes:

• Sociedades anónimas (incluidas las sociedades anónimas unipersonales y las sociedades de responsabilidad limitada).
• Sucursales establecidas por sociedades constituidas en el extranjero de conformidad con el artículo 118 de la Ley General de Sociedades.
• Uniones transitorias y otros contratos asociativos.
• Sucursales dedicadas (aquellas sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada que deseen adherir al RIGI y desarrollen una o más actividades que no formarán parte del proyecto de inversión, o posean uno o más activos que no serán afectados a dicho proyecto, podrán optar -al sólo efecto de su adhesión- por establecer una sucursal que deberá cumplir con ciertos requisitos detallados en el Proyecto).

Por otro lado, es dable mencionar que entre los principales objetivos del RIGI se encuentran los siguientes:

• Incentivar las grandes inversiones nacionales y extranjeras a fin de garantizar la prosperidad del país.
• Promover el desarrollo económico.
• Desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos.
• Incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior.
• Favorecer la creación de empleo.
• Generar condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones.
• Crear para las Grandes Inversiones un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado.

En otro orden de ideas, cabe aclarar que, de acuerdo a lo mencionado en el Proyecto, estas Grandes Inversiones deberán contar, entre muchas otras cosas, con un monto mínimo de inversión que dependerá de cada sector.

Por último, el Proyecto especifica que el plazo para adherir al RIGI es de 2 años a partir de la entrada en vigencia de las reformas y aclara que el PEN podrá prorrogar por única vez el plazo para acogerse al RIGI por un período de hasta 2 años.

La autoridad de aplicación será la que determine el PEN.